Por Armando Zúñiga Salinas
Presidente de ASUME | Presidente de Grupo IPS | Vicepresidente Nacional de Comunicación COPARMEX
México vive una de las transformaciones laborales más importantes de las últimas décadas. La reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales representa una aspiración legítima para mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores y acercar al país a estándares internacionales. Sin embargo, como ocurre con toda gran reforma, el desafío no está en el objetivo, sino en su implementación.
Desde ASUME, la cúpula nacional que representa a la industria de la seguridad privada, sostuvimos un diálogo abierto y constructivo con Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como con Luis Felipe Munguía Corella, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
La conversación permitió analizar dos de los temas más relevantes para el futuro del trabajo en México: la implementación de la jornada de 40 horas y la política salarial orientada a alcanzar el objetivo de que el salario mínimo cubra 2.5 canastas básicas.
Ambos temas tienen profundas implicaciones para todos los sectores productivos. Sin embargo, en la seguridad privada adquieren una dimensión especial.
La razón es sencilla: mientras la mayoría de las actividades económicas pueden reorganizar horarios o redistribuir cargas de trabajo, la seguridad no puede detenerse. La protección de instalaciones estratégicas, hospitales, centros logísticos, aeropuertos, puertos, plantas industriales, centros comerciales, bancos, oficinas corporativas y zonas residenciales opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año.
Cuando una fábrica cierra sus puertas por la noche, la seguridad permanece. Cuando una oficina termina su jornada, la seguridad continúa. Cuando las familias descansan, miles de hombres y mujeres de la seguridad privada siguen protegiendo personas, bienes y operaciones críticas para el país.
Por ello, la discusión sobre las 40 horas debe considerar la realidad operativa de los sectores esenciales.
La industria de la seguridad privada genera aproximadamente 800 mil empleos formales en México y representa uno de los mayores empleadores del país. Además, es un aliado estratégico de la seguridad pública y un factor indispensable para la atracción de inversiones, el funcionamiento de las cadenas de suministro y la continuidad de los negocios.
La implementación de una reducción de jornada sin mecanismos de transición adecuados podría generar tres grandes desafíos.
El primero es la disponibilidad de talento. Hoy existen regiones del país donde ya enfrentamos escasez de personal operativo. Reducir horas sin incrementar la oferta laboral obligará a contratar decenas de miles de nuevos elementos para cubrir los mismos servicios.
El segundo es el impacto económico. Para mantener la cobertura operativa de los servicios, las empresas deberán incorporar más personal, asumir mayores costos laborales y rediseñar completamente sus modelos de operación.
El tercero es la competitividad. En un entorno global donde México busca consolidarse como potencia manufacturera y principal socio comercial de Norteamérica, resulta indispensable garantizar que cualquier reforma preserve la capacidad de las empresas para seguir creciendo, invirtiendo y generando empleo.
La buena noticia es que existe disposición al diálogo.
La exposición del doctor Luis Felipe Munguía Corella mostró que la política salarial de los últimos años ha buscado equilibrar dos objetivos fundamentales: mejorar el ingreso de los trabajadores y evitar presiones inflacionarias que terminen erosionando ese mismo poder adquisitivo.
Ese mismo principio debe guiar la implementación de la jornada de 40 horas: avanzar en derechos laborales sin comprometer la viabilidad de las empresas ni la estabilidad económica del país.
Desde ASUME hemos sostenido que este proceso debe construirse mediante una transición gradual, diferenciada por sectores y acompañada de incentivos para la inversión en tecnología, capacitación y productividad.
La seguridad privada del futuro dependerá cada vez más de herramientas como inteligencia artificial, videovigilancia inteligente, analítica de datos, monitoreo remoto, robótica y automatización de procesos. No para sustituir personas, sino para potenciar sus capacidades y permitir que México mantenga altos estándares de protección en un entorno laboral distinto.
Las empresas que entiendan esta transformación y comiencen a prepararse desde hoy serán las que lideren la próxima década.
México necesita mejores condiciones laborales, pero también necesita seguir siendo competitivo. Necesita trabajadores mejor remunerados, pero también empresas fuertes que generen empleo formal. Necesita innovación, productividad y diálogo.
Por ello, celebro la apertura de las autoridades laborales para escuchar a los sectores productivos y construir soluciones conjuntas.
Porque cuando hablamos de seguridad privada, no hablamos únicamente de una industria. Hablamos de la tranquilidad de millones de mexicanos, de la continuidad de miles de empresas y de un sector que, todos los días, sin importar la hora, trabaja para proteger el desarrollo de México.
Y esa conversación, sin duda, apenas comienza.
