Armando Zúñiga Salinas
Vicepresidente Nacional de COPARMEX, Presidente de ASUME y Grupo IPS, Consejero del CCE y CONCAMIN.
El INEGI acaba de publicar la edición 2026 de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), un ejercicio que cada dos años pregunta directamente a los establecimientos del país qué delitos han sufrido y cómo han afectado su operación. Entre sus resultados hay uno que merece la atención de quienes queremos que se invierta más en el país. En 2025, el 14.5 % de los establecimientos que fueron víctimas de algún delito canceló planes de crecimiento o inversión. Para esas empresas, la inseguridad cambió una decisión que ya habían tomado sobre su futuro.
Uno de cada cuatro establecimientos fue víctima
La encuesta ofrece una primera señal favorable. Entre 2023 y 2025, la proporción de negocios que sufrió al menos un delito bajó de 27.2 % a 25.9 %. Aun así, hubo más establecimientos afectados, cerca de un millón 400 mil en todo el país. ¿Cómo se explica? En esos dos años también aumentó el número de negocios. La delincuencia alcanzó a una proporción menor de ellos, aunque en números absolutos hubo más víctimas.
También importa cuántas veces le ocurre al mismo establecimiento. En 2025 se cometieron tres millones de delitos contra los negocios del país, poco más de dos, en promedio, por cada uno de los afectados. Entre los establecimientos medianos, más de la mitad sufrió algún delito. Y entre las distintas actividades económicas, el comercio fue el más expuesto. Quien abre su tienda todas las mañanas conoce bien esa responsabilidad. Además de atender a sus clientes y cuidar la mercancía, tiene que procurar que tanto ellos como sus trabajadores estén seguros.
La extorsión y el fraude exigen respuestas distintas
La extorsión volvió a ocupar el primer lugar, con cerca de 787 mil casos, poco más de uno de cada cuatro delitos cometidos contra los establecimientos. Alrededor de 265 mil correspondieron a cobro de piso. La encuesta también revela que el teléfono fue el medio utilizado en nueve de cada diez extorsiones. Para una empresa, la prevención empieza por algo tan concreto como que la persona que contesta una llamada sepa a quién acudir y cuente con el respaldo de sus superiores para manejar una amenaza.
El fraude también merece atención. Entre 2023 y 2025 pasó de aproximadamente 250 mil a 339 mil casos, un aumento de 35.9 %. Esta categoría incluye desde el pago con dinero falso hasta fraudes bancarios e incumplimientos fraudulentos de proveedores. Para las empresas, conocer las modalidades permite decidir dónde conviene reforzar los controles, ya sea en el punto de venta, en la autorización de pagos o en la contratación de un proveedor.
El costo de cerrar antes o dejar de invertir
Encontramos una segunda señal favorable. Entre las dos mediciones, el costo total de la inseguridad para los establecimientos disminuyó 7.4 % en términos reales. Al mismo tiempo, más negocios tomaron medidas para protegerse. En 2025 lo hicieron más de cuatro de cada diez. Algunos instalaron cámaras o alarmas y otros cambiaron cerraduras o candados. Son decisiones que compiten por recursos con otras necesidades del negocio y que cada empresario debe valorar según los riesgos que enfrenta.
Hay costos que se entienden mejor cuando vemos lo que dejó de hacerse. Poco más de uno de cada seisestablecimientos consultados redujo sus horarios de producción o venta y otros cancelaron rutas de distribución. Pensemos en un comercio que cierra antes de que sus clientes regresen del trabajo o en un proveedor que deja de entregar mercancía en una localidad. La afectación alcanza también a quienes dependían de ese horario o de esa ruta para comprar, vender o abastecerse.
Como empresarios, debemos capacitar a nuestra gente y compartir información cuando varios negocios de una zona reciben amenazas o enfrentan robos parecidos. Desde las organizaciones empresariales podemos reunir a los afectados con las autoridades locales y dar seguimiento a problemas concretos. A las autoridades les corresponde ofrecer vías de denuncia confiables e investigar. Hoy, más de nueve de cada diez delitos contra establecimientos quedan sin denuncia o sin que se abra una carpeta de investigación. Para quienes invierten y generan empleo, recuperar la seguridad se traduce en poder restablecer una ruta, volver al horario habitual o retomar la ampliación que quedó pendiente.
