Armando Zúñiga Salinas
Presidente de Grupo IPS | Presidente de ASUME | Vicepresidente Nacional de Comunicación COPARMEX

En el marco del World Security Congress 2026, celebrado en São Paulo, Brasil, la delegación mexicana tuvimos la oportunidad de conocer uno de los modelos de seguridad más avanzados de América Latina: el Centro Integrado de Comando y Control (CICC/SP), mejor conocido como C5 paulista.

Más allá de la tecnología —que es de alto nivel, lo verdaderamente relevante es el modelo operativo: una integración real, funcional y estratégica entre la seguridad pública y la seguridad privada.

La llamada Muralla Paulista es un ejemplo contundente. Se trata de un sistema que integra cámaras de videovigilancia de empresas privadas al centro de comando estatal, permitiendo que la información fluya en tiempo real para tareas de prevención, investigación y reacción ante el delito. No es un concepto aspiracional; es una realidad operativa que está dando resultados medibles.

En São Paulo, el combate al robo de celulares es uno de los delitos más comunes, se atiende con inteligencia tecnológica y coordinación institucional. Cada mes se reportan entre 20 mil y 25 mil dispositivos robados, y la respuesta no ha sido aislada, sino articulada. Lo mismo ocurre con la protección a mujeres, niñas y niños, donde el uso de bodycams, canales de denuncia inmediata y protocolos especializados han fortalecido la atención a víctimas.

Asimismo, la coordinación con empresas de seguridad privada en la protección de mercancías y cadenas logísticas demuestra que el sector empresarial no solo es usuario de la seguridad, sino actor clave en su construcción.

Este modelo parte de una premisa que en México debemos asumir con mayor claridad: la seguridad es una responsabilidad compartida. Ni el Estado puede solo, ni el sector privado debe permanecer al margen.

En nuestro país, la industria de la seguridad privada genera cerca de 800 mil empleos y agrupa a miles de empresas que diariamente protegen personas, bienes y valores. Sin embargo, seguimos enfrentando un vacío estructural: la falta de una Ley General de Seguridad Privada que ordene, regule y potencie la colaboración institucional en todo el territorio nacional.

Hoy más que nunca, México necesita evolucionar hacia un modelo donde la tecnología, la inteligencia y la coordinación sean los pilares de la estrategia de seguridad. La experiencia de São Paulo demuestra que sí es posible.

No se trata de copiar modelos, sino de adaptarlos con visión de Estado y liderazgo sectorial.

Desde ASUME, hemos insistido en la necesidad de construir puentes sólidos con las autoridades, profesionalizar al sector y posicionar a la seguridad privada como un aliado estratégico en la pacificación del país.

La seguridad del futuro no se construye en silos. Se construye con confianza, con datos compartidos y con objetivos comunes.

México tiene el talento, la infraestructura y la capacidad empresarial para lograrlo. Lo que se requiere ahora es decisión.

Porque en seguridad, como en desarrollo económico, la coordinación no es una opción: es la única ruta posible.

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