Por Mundo Empresarial
En los últimos días diversos analistas económicos han señalado que se prevé que la economía mexicana tomará impulso en la segunda mitad de 2026. Es una buena noticia, y ojalá se cumpla. Pero antes de celebrar, vale la pena preguntarse: ¿cuáles son las condiciones reales sobre las que descansaría ese crecimiento?
Los números de arranque no son tan alentadores. El año comenzó con una contracción de 0.9% en la actividad económica, el déficit fiscal se ubica en 4.1% del PIB y el crecimiento anual proyectado por Banxico ronda apenas el 1.1%. No es la plataforma de un despegue; es la base de una economía que todavía busca estabilizar el paso.
Para que el segundo semestre cambie la historia, se necesitan avances concretos en al menos tres frentes que han sido señalados sistemáticamente por el sector empresarial, sin que hasta ahora se haya actuado con la contundencia necesaria.
Certidumbre jurídica, no solo estabilidad. La inversión no fluye hacia donde hay buenas intenciones; fluye donde las reglas del juego son claras y respetadas. La IED alcanzó un máximo histórico de 23,591 millones de dólares en el primer trimestre — una señal positiva — pero sostener ese ritmo exige marcos regulatorios predecibles y mecanismos de resolución de disputas confiables. Sin eso, el capital espera. Y mientras espera, el crecimiento también.
Seguridad como variable económica. La extorsión a empresas subió 61.2% en la última década y hoy es el único delito de alto impacto con tendencia sostenida al alza. El costo directo supera los 15 mil millones de pesos al año, y de acuerdo con algunos reportes consultados se denuncian más de 40 víctimas diarias — y eso es solo el 3% real, pues el 97% de los casos nunca se denuncia. Las empresas pequeñas son las más golpeadas: 15% reporta haber pagado extorsión en el último año, frente a solo 1% de las grandes. No es solo un problema de orden público: es un impuesto no oficial que encarece operar y aleja la inversión de regiones enteras del país.
Las MiPyMEs no pueden seguir siendo el eslabón más débil. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99.8% de las unidades económicas del país y generan 71% del empleo. Sin embargo, más del 65% de ellas no tiene acceso a crédito formal — cifra que contrasta con el 40% de Brasil. Con más del 55% de la fuerza laboral en la informalidad, el mercado interno opera muy por debajo de su potencial. Formalizar implica simplificar: reducir cargas administrativas, ampliar el financiamiento y acompañar a las empresas en la adopción tecnológica.
A todo esto se suma el T-MEC. El 1 de julio, fecha de la primera revisión conjunta del tratado, Estados Unidos decidió no extenderlo hasta 2042, activando un ciclo de revisiones anuales que se extiende hasta 2036. El acuerdo sigue vigente — la tercera ronda bilateral se celebró apenas en julio en la Ciudad de México — pero la incertidumbre sobre su alcance final impacta directamente las decisiones de inversión de quienes están evaluando a México como destino de relocalización.
El repunte de la segunda mitad del año no será obra de la inercia ni de los pronósticos optimistas. Pero tampoco depende solo del gobierno. El sector empresarial tiene una agenda clara que defender: certidumbre jurídica, combate real a la extorsión, financiamiento accesible para las MiPyMEs y una postura unificada en la negociación del T-MEC. Las condiciones para crecer existen — la IED récord y el control de la inflación lo demuestran. Ahora toca convertir ese potencial en política pública concreta, y en eso, la voz organizada del empresariado mexicano es indispensable.
