Dr. Juan Carlos Abreu y Abreu, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Anáhuac México
El paquete económico —compuesto por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación— es el documento normativo en el que el gobierno federal proyecta cuánto dinero prevé captar durante el año y de qué manera planea gastarlo. Para la comunidad empresarial y los inversionistas, este conjunto de normas y variables macroeconómicas sirve como la hoja de ruta que marca el pulso de la economía nacional, la certidumbre fiscal y las áreas de oportunidad de inversión.
Entender el alcance de este paquete no requiere un dominio avanzado de la economía. En esencia, se trata de una radiografía financiera que influye de forma directa en las decisiones operativas, las proyecciones de gasto y los planes de expansión del sector privado.
Para comprender su estructura básica, el paquete económico se divide en dos componentes fundamentales: (i) la Ley de Ingresos de la Federación, que detalla de dónde obtendrá recursos el Estado, que incluye: a) la recaudación tributaria (impuestos como el ISR, IVA o IEPS), b) los ingresos derivados de la explotación de recursos públicos (como el petróleo) y, c) la contratación de deuda gubernamental; y, (ii) el Presupuesto de Egresos de la Federación, que determina la distribución de esos recursos entre los distintos ramos de la administración pública, programas sociales, infraestructura, estados, municipios y el pago del costo financiero de la deuda.
¿Cómo influye la Ley de Ingresos en las empresas? La forma en que el Estado decide financiarse repercute de forma directa en la liquidez y las finanzas del sector productivo. Fundamentalmente entiende: (i) la carga fiscal y la fiscalización, pues cuando un paquete económico no incrementa ni crea nuevos impuestos, suele priorizar una mayor eficiencia en la fiscalización; así pues, para las empresas, esto se traduce en una fiscalización más estricta por parte de las autoridades tributarias, la cual exige un cumplimiento minucioso de las obligaciones fiscales para evitar sanciones o contratiempos operativos; asimismo, (ii) el costo del financiamiento y la tasa de interés, pues si el presupuesto contempla una elevación sustancial del endeudamiento público, el Estado compite por los fondos disponibles en los mercados financieros; esto puede derivar en una presión al alza sobre las tasas de interés, encareciendo el crédito comercial y los préstamos de capital de trabajo para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
El destino del gasto público es un termómetro clave para que los empresarios evalúen en qué sectores conviene invertir y en cuáles es preferible adoptar una postura conservadora, y entiende los siguientes rubros: (i) el desarrollo de infraestructura, que es el gasto destinado a carreteras, puertos, red eléctrica y proyectos hídricos genera un efecto multiplicador en la economía privada; así, una red de transporte o energía eficiente reduce los costos logísticos de las empresas y atrae Inversión Extranjera Directa (IED), por el contrario, un presupuesto que reduce la inversión física pública suele exigir que las empresas asuman costos operativos más altos; (ii) las compras gubernamentales y las cadenas de suministro, pues el sector público representa uno de los mayores compradores de bienes y servicios del país; en esta tesitura, las asignaciones presupuestarias en áreas como salud, tecnología y mantenimiento abren ventanas de contratación para proveedores de todos los tamaños dentro de las cadenas productivas locales; y (iii) el consumo interno y los programas sociales, que entiende el gasto enfocado en transferencias directas a la población estimula de manera rápida la demanda agregada, en este sentido, el flujo monetario beneficia a sectores orientados al consumidor final, tales como el comercio minorista, la industria de alimentos y los servicios básicos.
Junto al presupuesto, el paquete económico presenta las premisas macroeconómicas proyectadas por la Secretaría de Hacienda para el año entrante: (i) el crecimiento del PIB, que sirve como parámetro base para estimar la demanda futura y la aceleración del mercado local; (ii) el tipo de cambio, que determina la competitividad en costos de importación de maquinaria e insumos, así como el margen de las empresas exportadoras.; (iii) inflación proyectada; (iv) guía la fijación de precios, la negociación de contratos de arrendamiento y las revisiones salariales; y, (v) precio del petróleo, que define la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante shocks externos en los mercados energéticos.
Para un empresario o inversionista en México, el análisis del paquete económico no debe centrarse únicamente en la cifra global del gasto, sino en el balance entre responsabilidad fiscal y estímulo al crecimiento. Un paquete enfocado en mantener la estabilidad macroeconómica, con déficit controlado y priorización de inversión productiva, genera un entorno predecible que fomenta las inversiones a largo plazo.
El paquete económico funciona como un mapa financiero. Darle seguimiento a su aprobación en el Congreso y adaptar la planificación financiera corporativa a sus directrices le permite al sector empresarial anticipar riesgos, optimizar recursos y aprovechar las oportunidades que de él se deriven en el entorno económico nacional.
