A un año de la integración del nuevo Poder Judicial de la Federación, la incertidumbre jurídica comienza a reflejarse directamente en las decisiones de inversión y expansión de las empresas en México. La primera medición del Monitor Judicial de Data COPARMEX revela que dos de cada tres empresas socias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideran que la Reforma Judicial ya está afectando sus planes de negocio.
De acuerdo con los resultados de la encuesta de Data COPARMEX, realizada con la participación de 3 mil 721 empresas afiliadas a los 71 Centros Empresariales de COPARMEX, el 67.8% de las empresas reportó un impacto negativo en sus decisiones de inversión o expansión derivado de la Reforma Judicial, mientras que apenas 3.6% identificó efectos positivos.
El impacto también se refleja en la conducta empresarial. El 38.9% de las compañías, equivalente a cuatro de cada 10, señaló que actualmente actúa con mayor cautela al momento de invertir, mientras que 28.8%, es decir, cerca de tres de cada 10, ya redujo o pospuso proyectos concretos.
Para COPARMEX, estos resultados muestran que la discusión sobre la Reforma Judicial ha trascendido el ámbito estrictamente jurídico y comienza a tener consecuencias sobre decisiones relacionadas con la inversión, la expansión empresarial y la generación de empleo formal.
Empresas modifican sus estrategias jurídicas
El estudio también identifica cambios en la manera en que las empresas están gestionando sus riesgos. El 46.3% señaló que ya modificó su estrategia de protección jurídica mediante ajustes en contratos, mecanismos de arbitraje, seguros o estrategias de litigio.
A este grupo se suma otro 34.5% que se encuentra evaluando realizar modificaciones en su operación. En conjunto, 80.8% de las empresas, ocho de cada 10, ya modificó o analiza modificar su arquitectura jurídica de prevención.
Este comportamiento refleja que la incertidumbre jurídica comienza a representar un factor adicional de costo y planeación para las empresas, particularmente para aquellas que requieren establecer contratos, proteger inversiones, administrar riesgos y garantizar la continuidad de sus operaciones.
La percepción sobre la certeza jurídica también registra un deterioro. El 55.9% de las empresas considera que disminuyó la certidumbre relacionada con la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el acceso al amparo. En contraste, únicamente 3.3% identifica una mejora en estos aspectos.
Para el sector empresarial, la certeza jurídica implica contar con reglas previsibles, autoridades independientes, procesos imparciales y mecanismos eficaces para hacer valer los derechos.
La evaluación debe centrarse en los resultados
COPARMEX ha planteado que México requiere un sistema de justicia capaz de atender problemas como el acceso limitado a la justicia, la lentitud de los procesos, la corrupción y la impunidad. Al mismo tiempo, la organización empresarial ha señalado la importancia de preservar la independencia judicial, la profesionalización, la imparcialidad y el Estado de derecho.
Ante los resultados de la primera medición del Monitor Judicial, la Confederación considera necesario pasar de la discusión sobre el diseño de la Reforma Judicial a una evaluación permanente de sus resultados y de sus efectos sobre las empresas, los inversionistas y quienes generan empleo.
En este contexto, COPARMEX plantea una agenda técnica de seguimiento y diálogo con el nuevo Poder Judicial, acompañada de indicadores que permitan evaluar aspectos como los tiempos de resolución, el acceso a la justicia, la independencia de las personas juzgadoras, la previsibilidad de los criterios judiciales y la eficacia en la protección de los derechos.
El objetivo, de acuerdo con la organización empresarial, es contribuir a que el nuevo modelo judicial funcione, existan contrapesos efectivos y disminuyan los costos de protección jurídica que enfrentan ciudadanos y empresas.
El rezago, uno de los principales desafíos
El nuevo Poder Judicial enfrenta, además, problemas estructurales que anteceden a la reforma. Entre ellos destaca el rezago en la resolución de asuntos.
De acuerdo con información documentada por el propio Órgano de Administración Judicial, existen 210 mil 459 asuntos federales reportados como integrados y susceptibles de resolución que acumulan más de 90 días sin sentencia, equivalentes al 62.7% de los asuntos considerados en esa medición.
Para COPARMEX, este dato coloca el debate en una perspectiva distinta. Después de una transformación constitucional de esta magnitud, la evaluación del nuevo modelo no debería concentrarse únicamente en la integración de los tribunales o en los mecanismos mediante los cuales fueron electas las personas juzgadoras, sino también en determinar si la justicia funciona mejor.
La reducción del rezago, la emisión oportuna de resoluciones y el fortalecimiento de la certeza jurídica pueden convertirse, bajo esta perspectiva, en parámetros objetivos para evaluar los resultados de la nueva etapa del Poder Judicial.
Certeza jurídica, condición para invertir
La inversión requiere certidumbre sobre las reglas bajo las cuales se desarrollan los proyectos y confianza en que los contratos, el patrimonio y los derechos estarán protegidos.
Por ello, los resultados de Data COPARMEX representan, para la organización empresarial, un punto de partida para identificar aquellos aspectos que generan incertidumbre y avanzar en la construcción de condiciones institucionales que permitan transformar los recursos destinados a inversión en proyectos productivos, empleos y crecimiento económico.
COPARMEX plantea que la eficacia del nuevo Poder Judicial deberá medirse a partir de su capacidad para garantizar certeza jurídica, independencia en las resoluciones y confianza entre ciudadanos, empresas e inversionistas.
La evolución del sistema de justicia tendrá así una dimensión que va más allá de los tribunales: sus resultados pueden incidir directamente en las decisiones de quienes invierten, contratan, emprenden y generan empleo formal en México.
