Claudia Sheinbaum anuncia una cartera de inversión pública y mixta por 8.4 billones de pesos; el sector empresarial plantea retos en certeza jurídica, seguridad e infraestructura.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) conmemoró su 50 aniversario el pasado 13 de octubre con la participación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y representantes de los principales sectores productivos del país. El encuentro estuvo marcado por el compromiso de fortalecer el diálogo entre el Gobierno y la iniciativa privada, así como por el anuncio de una cartera de inversión pública y mixta por 8.4 billones de pesos para los próximos cuatro años.
La celebración, encabezada por el presidente del CCE, José Medina Mora Icaza, puso sobre la mesa una agenda económica centrada en el desarrollo de infraestructura, la generación de empleos formales, la atracción de capital y la competitividad nacional, en un entorno internacional que exige fortalecer las cadenas productivas y aprovechar las oportunidades comerciales de México.
Inversión en infraestructura y facilidades para las empresas
Durante su intervención, Sheinbaum destacó que la inversión pública y mixta proyectada por su administración contempla sectores estratégicos como carreteras, ferrocarriles, generación eléctrica, gasoductos, puertos, agua y vivienda, además de proyectos vinculados con Petróleos Mexicanos y el desarrollo tecnológico.
Entre los montos presentados figuran 700 mil millones de pesos para infraestructura carretera; 886 mil millones para trenes de pasajeros; 794 mil 109 millones para generación eléctrica; 140 mil 905 millones para gasoductos y 180 mil millones para proyectos estratégicos de agua. También destacó una inversión cercana a tres billones de pesos para Vivienda para el Bienestar.
La mandataria señaló que la estrategia busca impulsar el crecimiento mediante infraestructura y mecanismos de financiamiento que permitan la participación pública y privada. Precisó que los 8.4 billones de pesos corresponden a inversión pública y mixta, sin incluir el conjunto de la inversión privada nacional.
Asimismo, destacó los acuerdos alcanzados con empresas y sindicatos en materia de incrementos al salario mínimo, estabilización de los precios de los combustibles y avance hacia una jornada laboral de 40 horas semanales. También planteó facilitar la regularización de adeudos fiscales mediante incentivos previstos para 2027.
Certeza jurídica y seguridad, prioridades empresariales
Por su parte, José Medina Mora Icaza subrayó la importancia de mantener un diálogo institucional con el Gobierno, sin renunciar a la independencia del organismo empresarial ni a la posibilidad de expresar diferencias.
Entre los desafíos señalados por el sector privado se encuentran la reducción del déficit fiscal, la preservación del grado de inversión, el fortalecimiento del Estado de derecho, la disponibilidad de energía y agua, la infraestructura y la seguridad. Estos factores inciden directamente en las decisiones de inversión y en la capacidad de las empresas para ampliar sus operaciones.
El dirigente empresarial también destacó la necesidad de transformar los anuncios económicos en proyectos ejecutables, inversiones productivas y empleos formales, particularmente ante los retos que plantea la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La coordinación entre autoridades y empresarios será determinante para que los proyectos anunciados se traduzcan en nuevas capacidades productivas, mejores condiciones logísticas y mayores oportunidades para las empresas mexicanas.
Seguridad privada, parte de la competitividad nacional
En representación de las Asociaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) y de la industria de la seguridad privada, Armando Zúñiga Salinas, presidente de la organización, participó en la conmemoración y destacó la relevancia del encuentro para fortalecer la colaboración entre Gobierno e iniciativa privada.
Desde su perspectiva, la presencia de la presidenta y su disposición al diálogo con los representantes empresariales constituyen una oportunidad para impulsar acuerdos que contribuyan a la inversión, la competitividad y la seguridad del país.
Zúñiga Salinas señaló que la seguridad privada desempeña una función relevante en la protección de instalaciones industriales, centros logísticos, infraestructura crítica, hospitales, instituciones financieras, comercios y cadenas de suministro. Por ello, consideró necesario reconocer las capacidades de esta industria e impulsar su coordinación con las instituciones de seguridad pública.
La profesionalización, la regulación, la incorporación de tecnología y la prevención de riesgos son elementos que contribuyen a proteger los activos empresariales y garantizar la continuidad de las operaciones. En este sentido, las condiciones de seguridad forman parte de los factores que las compañías consideran al evaluar nuevas inversiones y la expansión de sus actividades.
Medio siglo de representación empresarial
Fundado en 1976, el CCE ha articulado durante cinco décadas la representación de organismos empresariales y la interlocución del sector privado con las autoridades. Su aniversario representa también una oportunidad para revisar los retos que enfrenta México en materia de crecimiento, productividad, innovación y desarrollo económico.
La participación de la presidenta Sheinbaum y los planteamientos de los representantes empresariales reflejaron la importancia de mantener canales de comunicación que permitan construir acuerdos, atender diferencias y establecer compromisos verificables.
El reto para los próximos años será convertir la agenda de inversión en proyectos concretos, fortalecer las condiciones para hacer negocios y asegurar que el crecimiento productivo se traduzca en empleos formales y bienestar para la población.
A 50 años de su creación, el CCE mantiene una agenda en la que la inversión, la certeza jurídica, la seguridad y la colaboración público-privada ocupan un lugar central para el futuro económico de México.
