Monseñor Ramón Castro, Juan Pablo Castañón y Alejandra Noemí Reynoso coincidieron en que las empresas tienen un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa, mediante empleos dignos, liderazgo ético, oportunidades para los jóvenes y acciones que fortalezcan la convivencia comunitaria.
La construcción de la paz en México no es una responsabilidad exclusiva del Gobierno. También requiere el compromiso de las empresas, las familias, las instituciones y la sociedad civil. Bajo esta premisa, el panel La empresa como motor de justicia y paz reunió a Monseñor Ramón Castro, Juan Pablo Castañón, presidente y director de Vepinsa Ingredientes, y Alejandra Noemí Reynoso, fundadora y directora general del Instituto para la Construcción de la Paz, para reflexionar sobre el papel del sector empresarial frente a la fractura social y los desafíos de violencia que enfrenta el país.
Durante el encuentro, los participantes coincidieron en que la paz debe construirse desde la dignidad humana, la responsabilidad compartida y la recuperación del sentido de comunidad.
Alejandra Noemí Reynoso destacó que las empresas pueden convertirse en espacios de formación que trasciendan el ámbito laboral y tengan un impacto directo en las familias y comunidades. Explicó que cuando una persona adquiere herramientas para mejorar la comunicación, fortalecer la confianza y resolver conflictos en su entorno de trabajo, esos aprendizajes también pueden trasladarse a su hogar y a su comunidad.
Advirtió que una de las principales fracturas sociales se encuentra en la pérdida del sentido de pertenencia y corresponsabilidad. Aunque las personas pueden desarrollar habilidades para cuidar su bienestar individual, existe una debilidad en la disposición para involucrarse en el cuidado de los demás y de los espacios comunes.
Entre las causas de la violencia identificó la impunidad, la desigualdad, la falta de oportunidades, el poder económico del crimen organizado, el debilitamiento de los vínculos familiares y comunitarios, así como la insuficiencia de las respuestas institucionales. A ello se suma una crisis ética y cultural que ha normalizado la violencia y debilitado el reconocimiento de la dignidad humana.
Su reflexión apuntó a una necesidad fundamental: no basta con reconocer los valores, es indispensable contar con herramientas para llevarlos a la práctica.
Por su parte, Juan Pablo Castañón señaló que México enfrenta una fractura social que refleja el debilitamiento del pacto de convivencia y responsabilidad colectiva. Consideró que las generaciones actuales tienen una responsabilidad especial frente a los jóvenes, quienes observan el comportamiento de sus líderes políticos, empresariales y sociales.
Advirtió que la cultura del beneficio individual y la falta de testimonios congruentes desde las posiciones de liderazgo han contribuido al distanciamiento de las nuevas generaciones respecto de las instituciones.
En ese sentido, llamó a recuperar un liderazgo con sentido humano, capaz de mirar más allá de los intereses particulares y atender a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad. La paz, sostuvo, también exige reconstruir la confianza y demostrar con acciones que el bienestar colectivo es una responsabilidad compartida.
Empresas que generan oportunidades y confianza
Durante el panel se destacó que la empresa tiene una capacidad de transformación que va mucho más allá de producir bienes, servicios y riqueza: genera relaciones, crea oportunidades, forma personas e influye directamente en el desarrollo de las comunidades.
Un empleo digno puede evitar que un joven encuentre alternativas en la delincuencia; un salario justo contribuye a la estabilidad familiar, mientras que el respeto a los derechos laborales fortalece una cultura de dignidad y justicia.
La ética empresarial también representa una herramienta para construir paz. Rechazar la corrupción, cumplir las obligaciones fiscales, evitar la discriminación, respetar a los colaboradores y actuar con transparencia son decisiones que fortalecen la confianza social.
Asimismo, invertir en educación, capacitación técnica, prevención de adicciones y oportunidades para los jóvenes permite reducir condiciones de vulnerabilidad. La colaboración entre empresas, autoridades y sociedad también resulta indispensable para enfrentar problemas como la extorsión, proteger a los trabajadores y mejorar la seguridad de los entornos productivos.
En este contexto, se recordó que, de acuerdo con el Índice de Paz en México 2026, el impacto económico de la violencia equivale al 11% del Producto Interno Bruto nacional, una dimensión que confirma que la paz no es ajena a la economía, sino una condición indispensable para trabajar, emprender, invertir y vivir con estabilidad.
Tres compromisos para el sector empresarial
Como parte de las conclusiones, se plantearon tres compromisos concretos para que el sector privado contribuya a la reconstrucción del tejido social:
- Promover empleos dignos y oportunidades reales para los jóvenes, especialmente en comunidades vulnerables.
- Construir empresas éticas y transparentes, con políticas firmes contra la corrupción y la extorsión.
- Involucrarse en proyectos voluntarios de educación y desarrollo comunitario, que fortalezcan los valores, la convivencia y la inclusión.
El mensaje central del encuentro fue que las empresas no deben sustituir las responsabilidades de las autoridades, pero sí asumir su papel como actores fundamentales de la transformación social.
La construcción de la paz requiere instituciones que protejan, empresas que generen oportunidades y ciudadanos que no se resignen a vivir con violencia. En esa tarea, el liderazgo empresarial tiene la oportunidad de convertirse en un referente de congruencia, responsabilidad y compromiso con el bien común.
Porque la paz comienza cuando la dignidad de cada persona deja de ser una declaración y se convierte en el principio que orienta las decisiones de las organizaciones y de quienes las dirigen.
