Por Armando Zúñiga Salinas

México enfrenta un desafío que debe colocarse en el centro de la agenda nacional: recuperar el dinamismo en la generación de empleo formal. Los datos más recientes son claros y obligan a una reflexión profunda. Durante el primer semestre de 2026 se crearon poco más de 262 mil empleos registrados ante el IMSS, una cifra insuficiente frente a los aproximadamente 600 mil que el país requería generar en ese mismo periodo para mantener una trayectoria de crecimiento económico sostenible.

Más preocupante aún es que la informalidad laboral ya alcanza al 55.2% de la población ocupada. Esto significa que más de 33 millones de mexicanos trabajan sin acceso pleno a la seguridad social, sin una pensión garantizada, sin créditos para vivienda y, en muchos casos, sin la certeza que brinda un empleo digno.

Detrás de cada porcentaje hay una familia. Hay jóvenes que buscan una oportunidad para iniciar su vida profesional, madres y padres que desean estabilidad para sus hijos, y empresarios que quieren crecer, pero que enfrentan un entorno de incertidumbre que limita sus decisiones de inversión.

Como empresario, he aprendido que ninguna organización genera empleos por obligación; los crea cuando existen confianza, certidumbre y condiciones para invertir. El empleo no nace de un decreto. Nace cuando un emprendedor decide abrir un negocio, cuando una empresa amplía una planta, cuando un inversionista apuesta por México y cuando las reglas del juego permiten planear el futuro con seguridad.

Por ello coincido plenamente con el llamado que ha realizado COPARMEX: el mejor programa social sigue siendo el empleo formal. No existe política pública más efectiva para reducir la pobreza, fortalecer a la clase media y generar movilidad social que crear empresas exitosas capaces de ofrecer trabajos bien remunerados y con prestaciones.

Sin embargo, para lograrlo debemos atender los factores que hoy frenan la inversión. La incertidumbre económica, la inseguridad y la falta de certeza jurídica continúan siendo obstáculos que reducen la confianza empresarial. A ello se suman procesos administrativos complejos, exceso de regulación y limitaciones en infraestructura y energía que afectan la competitividad del país.

México necesita una nueva alianza por la productividad. Gobierno, iniciativa privada, academia y sociedad debemos asumir que la competitividad nacional depende de construir un ecosistema donde invertir sea más sencillo, innovar sea más rentable y generar empleo formal sea una decisión natural para cualquier empresa.

La simplificación administrativa, la digitalización de los trámites, el fortalecimiento del Estado de derecho, el combate frontal a la extorsión, el impulso a la educación dual, el acceso al financiamiento para las MiPyMEs y la inversión en infraestructura no son demandas aisladas del sector empresarial; son condiciones indispensables para acelerar el crecimiento económico.

En este contexto, también es momento de replantear la conversación sobre la responsabilidad social empresarial. Una empresa verdaderamente socialmente responsable no solo contribuye con acciones comunitarias o ambientales; también genera empleos formales, paga salarios dignos, capacita a su gente, desarrolla talento y construye oportunidades de crecimiento para miles de familias.

Desde Grupo IPS hemos comprobado que poner a las personas en el centro de la estrategia no solo fortalece la cultura organizacional, sino que también mejora la productividad, incrementa la permanencia del talento y genera valor sostenible para clientes, colaboradores y sociedad. La inversión más rentable siempre será la que se realiza en las personas.

Hoy México tiene una oportunidad histórica. El fenómeno del nearshoring, la transformación digital, la inteligencia artificial y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro pueden convertirse en motores extraordinarios de crecimiento. Pero ese potencial únicamente se materializará si ofrecemos confianza a quienes desean invertir y generar empleo.

El futuro económico del país no dependerá únicamente del tamaño de nuestro mercado o de nuestra ubicación geográfica. Dependerá, sobre todo, de nuestra capacidad para construir un entorno donde las empresas puedan crecer con reglas claras y visión de largo plazo.

Cada empleo formal representa mucho más que una plaza laboral: es una familia con mayor estabilidad, un joven con posibilidades de desarrollo, una comunidad con mejores oportunidades y un país más competitivo.

Si aspiramos a un México más próspero, más justo y con mayor movilidad social, debemos entender que el empleo formal no es únicamente un indicador económico. Es la base sobre la cual se construye el bienestar de una nación.

Porque cuando una empresa crece, crece una familia. Cuando se fortalece la inversión, se fortalece México. Y cuando el empleo formal avanza, avanza el futuro de todos.

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